miércoles, 7 de marzo de 2012
miércoles, 22 de febrero de 2012
miércoles, 8 de febrero de 2012
Mateo Sagasta (Progresista), Cánovas del Castillo ( Moderado) y Alfonso XII (La Restauración)
Mateo Sagasta (Progresista), Cánovas del Castillo ( Moderado) y Alfonso XII (La Restauración)
Curiosidades de la Pepa
| Dichos populares |
| ¡Viva la Pepa! |
| En su origen se empleaba esta exclamación como expresión de alegría ante un hecho. Actualmente, aunque también sirve para mostrar regocijo, suele usarse más para referirse a una acción desahogada o inconsciente. No te apetece ir a trabajar y, hala, ¡viva la Pepa!, te quedas en la cama y no vas. Se llamó la Pepa a la Constitución que salió de las Cortes de Cádiz en 1812 porque fue promulgada el día 19 de marzo, día de San José. Cuando los patriotas españoles gritaban «¡Viva la Constitución!», pedían con ello la instauración de un régimen liberal y la presencia en España del rey Fernando VII, que estaba en Francia, secuestrado por Napoleón. Cuando este llegó en 1814, lo primero que hizo, contrariamente a lo esperado, fue abolirla e implantar el absolutismo. Los liberales españoles siguieron reclamando la implantación de la Constitución, a la que, como ingenuo truco para evitar ser descubiertos, comenzaron a llamar la Pepa. La libertad, desgraciadamente, dio origen al libertinaje, a numerosas revueltas y a la interpretación que hoy damos a la exclamación. |
miércoles, 1 de febrero de 2012
miércoles, 25 de enero de 2012
Manuscrito de las Abdicaciones de Bayona
Documento conocido como “Abdicaciones de Bayona” o “Tratado de Bayona” de importante valor documental .Trasladada la familia real a Bayona, el 1 de mayo, le fue arrancada a Fernando VII la abdicación en favor de Carlos IV. Sin embargo, el 4 de mayo, el Rey expidió dos decretos en los que afirmaba que se hallaba sin libertad, autorizaba a la Junta Suprema a ejercer en lugar seguro la plena soberanía en su nombre y autorizaba al mismo tiempo la convocatoria de Cortes. El mismo día 5 de mayo, el mariscal Duroc y Godoy, como plenipotenciarios, concluyeron un tratado, éste que se muestra, por el que Carlos IV cede la corona de España a Napoleón. Ese mismo día se recibieron las noticias del 2 de mayo en Madrid y definitivamente Fernando VII abdica el 6 de mayo.
miércoles, 18 de enero de 2012
La Constitución de Cádiz en el Reino de las Dos Sicilias
La Constitución de Cádiz en el Reino de las Dos Sicilias
La Constitución de Cádiz, traducida al italiano y con algunas pequeñas modificaciones, fue puesta en vigencia como primera Constitución del Reino de las Dos Sicilias por decisión del Parlamento de ese país el 9 de diciembre de 1820 y sancionada por el Rey Fernando I, con el siguiente preámbulo: "En consecuencia de los actos del 7 y el 22 de julio de 1820, con los cuales fue adoptada la Constitución Política de la Monarquía Española con las modificaciones... que la representación nacional constitucionalmente convocada juzgó proponer para adaptarla a las circunstancias particulares del reino de las dos Sicilias, el parlamento nacional habiéndose ocupado de ello con el más maturo y escrupuloso examen; y habiendo indagado todo aquello que es necesario para satisfacer al gran objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación; decreta modificada, como sigue, la Constitución política para el buen gobierno y la recta administración del estado."
La Constitución de Cádiz, traducida al italiano y con algunas pequeñas modificaciones, fue puesta en vigencia como primera Constitución del Reino de las Dos Sicilias por decisión del Parlamento de ese país el 9 de diciembre de 1820 y sancionada por el Rey Fernando I, con el siguiente preámbulo: "En consecuencia de los actos del 7 y el 22 de julio de 1820, con los cuales fue adoptada la Constitución Política de la Monarquía Española con las modificaciones... que la representación nacional constitucionalmente convocada juzgó proponer para adaptarla a las circunstancias particulares del reino de las dos Sicilias, el parlamento nacional habiéndose ocupado de ello con el más maturo y escrupuloso examen; y habiendo indagado todo aquello que es necesario para satisfacer al gran objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación; decreta modificada, como sigue, la Constitución política para el buen gobierno y la recta administración del estado."
Consecuencias de la abolición de la constitucion de 1812.
Consecuencias de su abolición
La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina. El 4 de mayo de 1814 el recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución y la detención de los diputados liberales. Comenzaba el regreso del absolutismo. El día 10 el general Eguía tomó Madrid militarmente proclamando a Fernando como rey absoluto. Previamente, se había gestado todo un clima de bienvenida popular.
Fernando VII se opone a los decretos y a la constitución de las Cortes de Cádiz porque significan el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Es obvio, pero también hay que subrayarlo con énfasis, porque tras los decretos de igualdad de derechos y de representación, tras una constitución para «ambos hemisferios», y tras decretar la constitución de un Estado nacional en el cual los territorios americanos se integraban como provincias, la Corona perdía no sólo su privilegio absoluto sobre el resto de individuos, sino las rentas de todo el continente americano que pasaban directamente a poder del aparato administrativa estatal y no del monarca, al establecer el nuevo Estado nacional una sustancial diferencia entre la "hacienda de la nación" y la hacienda real. No podría consentirlo Fernando VII.
Por otra parte, la representación política y la igualdad de derechos de los americanos se tradujo en una reivindicación de soberanía que colisionaba con la nacional, al estar ésta concebida por los liberales peninsulares como única, central y soberana. El conflicto se estableció no solo entre un rey absoluto y la soberanía nacional y sus instituciones y representantes sino también entre una concepción centralista del Estado (basada en el gobierno de Madrid) y una descentralizada. Nada nuevo en el universo de las revoluciones burguesas, podría concluirse, pero la cuestión es que no era, estrictamente, sólo una revolución española, si se precisan no sólo la nacionalidad sino también los territorios del Estado en cuestión.
Hasta la década de 1820, la mayor parte del criollismo era autonomista, no independentista. Podía asumir una condición nacional española, pero a cambio de un autonomismo en América para todas las cuestiones de política interna, lo que implicaba la descentralización política y las libertades económicas. Para lograr sus pretensiones, los americanos planteaban una división de la soberanía a tres niveles: la nacional, representada en las Cortes; la provincial, depositada en las diputaciones; y la municipal, que residía en los ayuntamientos. Esta triple división de la soberanía, combatida por los liberales peninsulares, se legitimaba en los procesos electorales. Con estas propuestas, el autonomismo americano estaba planteando un Estado nacional no sólo con caracteres hispanos, sino también desde concepciones federales.
Los americanos depositaron toda la organización del Estado en la capacidad representativa y administrativa de las diputaciones provinciales como instituciones capaces de canalizar, administrar y recaudar las pretensiones y necesidades del criollismo de cada provincia. Esto provocó una doble reacción: por una parte el rey se opuso al federalismo, dado que los Estados que eran federales o confederales tenían la república como forma de Estado: los Estados Unidos de América y Suiza. Pero además, federalismo era sinónimo, en aquellos momentos, de democracia, asociada a elementos de disolución del Estado absolutista, y por ende tachados de "anárquicos". En segundo lugar, la propuesta federal de los americanos provocó una reacción cada vez más centralista entre los liberales peninsulares, que insistían en que la soberanía nacional (al ser indivisible) no podía delegarse en modo alguno en diputaciones provinciales y la maquinaria administrativa debería ser manejada sólo desde la Península.
Tras la década absolutista, frustrada la opción autonomista gaditana, el nacionalismo ultramarino optó por la insurrección armada, lo que condicionó la situación final revolucionaria española hasta el triunfo de las independencias continentales americanas en 1825.
La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina. El 4 de mayo de 1814 el recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución y la detención de los diputados liberales. Comenzaba el regreso del absolutismo. El día 10 el general Eguía tomó Madrid militarmente proclamando a Fernando como rey absoluto. Previamente, se había gestado todo un clima de bienvenida popular.
Fernando VII se opone a los decretos y a la constitución de las Cortes de Cádiz porque significan el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Es obvio, pero también hay que subrayarlo con énfasis, porque tras los decretos de igualdad de derechos y de representación, tras una constitución para «ambos hemisferios», y tras decretar la constitución de un Estado nacional en el cual los territorios americanos se integraban como provincias, la Corona perdía no sólo su privilegio absoluto sobre el resto de individuos, sino las rentas de todo el continente americano que pasaban directamente a poder del aparato administrativa estatal y no del monarca, al establecer el nuevo Estado nacional una sustancial diferencia entre la "hacienda de la nación" y la hacienda real. No podría consentirlo Fernando VII.
Por otra parte, la representación política y la igualdad de derechos de los americanos se tradujo en una reivindicación de soberanía que colisionaba con la nacional, al estar ésta concebida por los liberales peninsulares como única, central y soberana. El conflicto se estableció no solo entre un rey absoluto y la soberanía nacional y sus instituciones y representantes sino también entre una concepción centralista del Estado (basada en el gobierno de Madrid) y una descentralizada. Nada nuevo en el universo de las revoluciones burguesas, podría concluirse, pero la cuestión es que no era, estrictamente, sólo una revolución española, si se precisan no sólo la nacionalidad sino también los territorios del Estado en cuestión.
Hasta la década de 1820, la mayor parte del criollismo era autonomista, no independentista. Podía asumir una condición nacional española, pero a cambio de un autonomismo en América para todas las cuestiones de política interna, lo que implicaba la descentralización política y las libertades económicas. Para lograr sus pretensiones, los americanos planteaban una división de la soberanía a tres niveles: la nacional, representada en las Cortes; la provincial, depositada en las diputaciones; y la municipal, que residía en los ayuntamientos. Esta triple división de la soberanía, combatida por los liberales peninsulares, se legitimaba en los procesos electorales. Con estas propuestas, el autonomismo americano estaba planteando un Estado nacional no sólo con caracteres hispanos, sino también desde concepciones federales.
Los americanos depositaron toda la organización del Estado en la capacidad representativa y administrativa de las diputaciones provinciales como instituciones capaces de canalizar, administrar y recaudar las pretensiones y necesidades del criollismo de cada provincia. Esto provocó una doble reacción: por una parte el rey se opuso al federalismo, dado que los Estados que eran federales o confederales tenían la república como forma de Estado: los Estados Unidos de América y Suiza. Pero además, federalismo era sinónimo, en aquellos momentos, de democracia, asociada a elementos de disolución del Estado absolutista, y por ende tachados de "anárquicos". En segundo lugar, la propuesta federal de los americanos provocó una reacción cada vez más centralista entre los liberales peninsulares, que insistían en que la soberanía nacional (al ser indivisible) no podía delegarse en modo alguno en diputaciones provinciales y la maquinaria administrativa debería ser manejada sólo desde la Península.
Tras la década absolutista, frustrada la opción autonomista gaditana, el nacionalismo ultramarino optó por la insurrección armada, lo que condicionó la situación final revolucionaria española hasta el triunfo de las independencias continentales americanas en 1825.
¡¡¡Viva la Pepa!!!
¡Viva la Pepa!
¡Viva la Pepa!
La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz).
La gran popularidad que tuvo el grito, su rotundidad y su facilidad de difusión incluso en circunstancias de represión política como las que llegaron entre 1814 y 1820 (restauración absolutista de Fernando VII) y entre 1823 y 1833 (Década Ominosa) lo convirtieron posiblemente el primer lema político de la edad contemporánea. En las mismas circunstancias se difundían canciones como el ¡Trágala! (para humillar a Fernando VII, obligado a jurar la constitución en 1820) y el himno de Riego (para glorificar al militar liberal sublevado entonces y ajusticiado en 1823). El hecho de que fueran otras constituciones y no la de Cádiz las que estuvieran en vigor no restó capacidad de convocatoria al grito, sino todo lo contrario, al añadir la nostalgia y la comparación del ideal progresista con las restricciones que el moderantismo imponía a los textos en vigor a lo largo de todo el siglo XIX.
Monumento a La Pepa
Hubo otros hallazgos semánticos en las Cortes de Cádiz, como la misma palabra "Liberal", que hasta entonces significaba "generoso", y que pasa a otros idiomas europeos con el sentido de "partidario de la libertad". Lo mismo ocurrió con las palabras "guerrilla" y "guerrillero", que se aplican desde la Guerra de la Independencia Española a la táctica y a los combatientes irregulares en la guerra contemporánea.
La visión peyorativa del grito, probablemente fruto de su uso irónico por los enemigos políticos de los liberales (los absolutistas españoles), ha terminado imponiendo su empleo como sinónimo de anarquía o incluso improvisación, desorden o vagancia. Decir de alguien que es un viva-la-pepa, equivale a llamarle irresponsable o despreocupado. Idéntica traslación de sentido sufrió el grito ¡Viva Cartagena!, cuyo origen fue la sublevación cantonalista durante la Primera República Española (1874).
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Derechos civiles
Derechos civiles
La cuestión americana estaba planteada, por tanto, desde el primer artículo. El Estado liberal tenía parámetros ultraoceánicos. La problemática de su realización se evidenció en la discusión de la redacción de los artículos 10 y 11. Por el primero se estableció entre americanos y peninsulares un primer acuerdo para organizar en provincias el nuevo Estado. Es notorio que esta primera redacción contó con el rechazo de los americanos, disconformes con la manifiesta diferencia numérica a favor de las provincias peninsulares frente a las americanas (que equivalían aproximadamente a cada Virreinato o Capitanía General, mientras que las provincias peninsulares se identificaban con los reinos históricos de España).
Esto se convertiría en una cuestión política, porque los americanos reclamaban un mayor número de provincias y una organización del Estado que se aproximase al federalismo. El artículo 11 solventó coyunturalmente el problema: tras un intenso debate, se decidió retrasar la definitiva estructura del Estado para una posterior ley, cuando las «circunstancias de la nación» —la urgencia en la metrópoli de combatir la invasión francesa, la urgencia americana de luchar con la insurgencia— garantizaran una discusión sosegada. La Cámara reconocía en la práctica su incapacidad para definir los territorios de su Estado. Y este problema sobrevenía, insistamos, por la incorporación de América como un conjunto de provincias en igualdad de derechos y de representación en el Estado nacional hispano.
Otros artículos fueron especialmente significativos, como el 22 y el 29. En el primero se reconocía a los mulatos la nacionalidad española —Derechos civiles— y el segundo les privaba de la condición de ciudadanos, es decir, de los derechos políticos. Esta medida fue una estrategia de los peninsulares para reducir el número de diputados americanos, ya que la ley electoral planteaba un sufragio universal proporcional a la población. Así, los representantes peninsulares se aseguraban un número de diputados similar al de los americanos, al excluir a casi seis millones de mulatos americanos de los derechos políticos.
De especial trascendencia fueron los artículos constitucionales referidos a ayuntamientos y diputaciones provinciales, en cuya redacción la comisión adoptó la Memoria presentada por Miguel Ramos de Arizpe, diputado por Coahuila, para la organización y gobierno político de las Provincias Internas del Oriente de Nueva España. Fue de vital importancia para desentrañar un aspecto importante del proceso revolucionario de la península y América, como fue, a partir de sanción constitucional, la creación de ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al menos 1.000 habitantes. La propuesta provino del propio Miguel Ramos de Arizpe. Esto provocó una explosión de ayuntamientos en la península y, especialmente, en América, al procederse, tras la aprobación de la Constitución, a convocar elecciones municipales mediante sufragio universal indirecto y masculino. Eso constituiría un aspecto clave para la consolidación de un poder local criollo y un ataque directo a los derechos jurisdiccionales, privilegiados, de la aristocracia, Aspecto fundamental para acabar con el régimen señorial en la península y con el colonial, en América.
La cuestión americana estaba planteada, por tanto, desde el primer artículo. El Estado liberal tenía parámetros ultraoceánicos. La problemática de su realización se evidenció en la discusión de la redacción de los artículos 10 y 11. Por el primero se estableció entre americanos y peninsulares un primer acuerdo para organizar en provincias el nuevo Estado. Es notorio que esta primera redacción contó con el rechazo de los americanos, disconformes con la manifiesta diferencia numérica a favor de las provincias peninsulares frente a las americanas (que equivalían aproximadamente a cada Virreinato o Capitanía General, mientras que las provincias peninsulares se identificaban con los reinos históricos de España).
Esto se convertiría en una cuestión política, porque los americanos reclamaban un mayor número de provincias y una organización del Estado que se aproximase al federalismo. El artículo 11 solventó coyunturalmente el problema: tras un intenso debate, se decidió retrasar la definitiva estructura del Estado para una posterior ley, cuando las «circunstancias de la nación» —la urgencia en la metrópoli de combatir la invasión francesa, la urgencia americana de luchar con la insurgencia— garantizaran una discusión sosegada. La Cámara reconocía en la práctica su incapacidad para definir los territorios de su Estado. Y este problema sobrevenía, insistamos, por la incorporación de América como un conjunto de provincias en igualdad de derechos y de representación en el Estado nacional hispano.
Otros artículos fueron especialmente significativos, como el 22 y el 29. En el primero se reconocía a los mulatos la nacionalidad española —Derechos civiles— y el segundo les privaba de la condición de ciudadanos, es decir, de los derechos políticos. Esta medida fue una estrategia de los peninsulares para reducir el número de diputados americanos, ya que la ley electoral planteaba un sufragio universal proporcional a la población. Así, los representantes peninsulares se aseguraban un número de diputados similar al de los americanos, al excluir a casi seis millones de mulatos americanos de los derechos políticos.
De especial trascendencia fueron los artículos constitucionales referidos a ayuntamientos y diputaciones provinciales, en cuya redacción la comisión adoptó la Memoria presentada por Miguel Ramos de Arizpe, diputado por Coahuila, para la organización y gobierno político de las Provincias Internas del Oriente de Nueva España. Fue de vital importancia para desentrañar un aspecto importante del proceso revolucionario de la península y América, como fue, a partir de sanción constitucional, la creación de ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al menos 1.000 habitantes. La propuesta provino del propio Miguel Ramos de Arizpe. Esto provocó una explosión de ayuntamientos en la península y, especialmente, en América, al procederse, tras la aprobación de la Constitución, a convocar elecciones municipales mediante sufragio universal indirecto y masculino. Eso constituiría un aspecto clave para la consolidación de un poder local criollo y un ataque directo a los derechos jurisdiccionales, privilegiados, de la aristocracia, Aspecto fundamental para acabar con el régimen señorial en la península y con el colonial, en América.
Código hispano:
Código hispano
El producto de este intento de revolución fue una constitución con caracteres nítidamente hispanos. Los debates constitucionales comenzaron el 25 de agosto de 1811 y terminaron a finales de enero de 1812. La discusión se desarrolló en pleno asedio de Cádiz por las tropas francesas, una ciudad bombardeada, superpoblada con refugiados de toda España y con una epidemia de fiebre amarilla. El heroísmo de sus habitantes queda para la historia.
La redacción del artículo 1 constituye un claro ejemplo de la importancia que para el progreso español tuvo América. Fue el primero, y por ello, el más importante. Este es su famoso texto:
El producto de este intento de revolución fue una constitución con caracteres nítidamente hispanos. Los debates constitucionales comenzaron el 25 de agosto de 1811 y terminaron a finales de enero de 1812. La discusión se desarrolló en pleno asedio de Cádiz por las tropas francesas, una ciudad bombardeada, superpoblada con refugiados de toda España y con una epidemia de fiebre amarilla. El heroísmo de sus habitantes queda para la historia.
La redacción del artículo 1 constituye un claro ejemplo de la importancia que para el progreso español tuvo América. Fue el primero, y por ello, el más importante. Este es su famoso texto:
La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios
La construcción queda definida desde parámetros hispanos. La revolución iniciada en 1808 adquiría, en 1812, otros caracteres especiales que los puramente peninsulares. Aludía a unas dimensiones geográficas que compondrían España, la americana, la asiática y la peninsular. La Nación española quedaba constitucionalmente definida.
Constitución española de 1812
Constitución española de 1812
Juramento de las Cortes de Cádiz en la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando el 24 de septiembre de 1810. Expuesto como tal en el Congreso de los Diputados de Madrid.
La promulgación de la Constitución de 1812', obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz).
Edición contemporánea de la Constitución de 1812.
Oficialmente estuvo en vigencia dos años, desde su promulgación hasta el 19 de marzo de 1814, con la vuelta a España de Fernando VII. Posteriormente estuvo vigente durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. Sin embargo, apenas si entró en vigor de facto, puesto que en su período de gestación buena parte de España se encontraba en manos del gobierno pro-francés de José I de España, el resto en mano de juntas interinas más preocupadas en organizar su oposición a José I, y el resto de los territorios de la corona española (los virreinatos) se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado por la invasión napoleónica.
La constitución establecía el sufragio universal masculino indirecto, la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes, la libertad de imprenta, acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria, entre otras cosas.
miércoles, 11 de enero de 2012
Aymes,Jean R
...la expedición a España deriva de una serie de consideraciones entre las que se encuentran mezclados la debilidad militar del estado vecino, la complacencia de los soberanos españoles, la presión de los fabricantes franceses, la necesidad de arrojar a los ingleses fuera de Portugal, la enemistad del Emperador hacia la dinastía de los Borbones, los imperativos de una estrategia política para el conjunto del Mediterráneo y, por fin, para remate y para ocultar ciertos cálculos sucios, los designios de Dios o las exigencias de una filosofía ad hoc
Aymes, Jean R.: La Guerra de la Independencia, Madrid, Siglo XXI, 1974.
Guerra de la Independencia (1808-1814)
La Guerra de la Independencia Española, Guerra del Francés o Guerra Peninsular (1808-1814) fue un enfrentamiento militar entre España y el Primer Imperio Francés, parte de las Guerras Napoleónicas, provocado por la pretensión de Napoleón de instalar en el trono español a su hermano José Bonaparte, tras las Abdicaciones de Bayona, motivadas por la querella entre Carlos IV de España y su hijo y heredero Fernando VII, orquestada por los franceses, que se inició con el Proceso de El Escorial y culminó con el Motín de Aranjuez.
La Guerra de Independencia se solapa y confunde con lo que la historiografía anglosajona llama Guerra Peninsular (Peninsular War), iniciada en 1807 al declararle Francia y España la guerra a Portugal, tradicional aliado del Reino Unido. También tuvo un importante componente de guerra civil a nivel nacional entre afrancesados y patriotas. El conflicto se desarrolló en plena crisis del Antiguo Régimen y sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y la influencia en el campo de los «patriotas» de algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución francesa, paradójicamente difundidos por la élite de los afrancesados.
Según el tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), el primer Ministro Manuel Godoy preveía, de cara a una nueva invasión hispanofrancesa de Portugal, el apoyo logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales. Sin embargo, los planes de Napoléon iban más allá, y sus tropas fueron tomando posiciones en importantes ciudades y plazas fuertes con objeto de derrocar a la Casa de Borbón y suplantarla por su propia dinastía, convencido de contar con el apoyo popular.
El resentimiento de la población por las exigencias de manutención de las tropas extranjeras, que resultó en numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la fuerte inestabilidad política surgida tras el episodio del motín de Aranjuez y el ascenso al poder de Fernando VII, precipitó los acontecimientos que desembocaron en los primeros levantamientos en el norte de España y la Jornada del 2 de mayo de 1811 en Madrid. La difusión de las noticias de la brutal represión, inmortalizadas en las obras de Francisco de Goya, y de las abdicaciones de Bayona del 5 y 9 de mayo, que extendieron por la geografía española los llamamientos iniciados en Móstoles al enfrentamiento con las tropas imperiales, decidieron la guerra por la vía de la presión popular a pesar de la actitud contraria de la Junta de Gobierno designada por Fernando VI.
La guerra se desarrolló en varias fases en las que ambos bandos tuvieron sucesivamente la iniciativa, y se destacó por el surgimiento del fenómeno guerrillero que, junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por Arthur Wellesley, duque de Wellington, provocaron el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas. La población civil, que padeció los efectos de una guerra total, en la que tanto franceses como los aliados se cebaron con la población y objetivos civiles, saqueando y pillando a gran escala y devastando, por ejemplo, la industria española, considerada una amenaza para sus respectivos intereses. Los primeros éxitos de las fuerzas españolas en la primavera y el verano de 1808, con la batalla del Bruch, la resistencia de Zaragoza y Valencia y, en particular, la sonada victoria de Bailén, provocaron la evacuación de Portugal y retirada francesa al norte del Ebro, seguida en el otoño de 1808 por la entrada de la Grande Armée, comandada por el propio Napoleón, que culminó el máximo despliegue francés hasta mediados de 1812. La retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia fue aprovechada por los aliados para retomar la iniciativa a partir de su victoria en la Batalla de Arapiles (22 de julio de 1812) y, contrarrestando la ofensiva francesa, avanzar a lo largo de 1813 hasta Pirineos, derrotando a los francesaes en las batallas de Vitoria (21 de junio) y San Marcial (31 de agosto). El tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813) restauró a Fernando VII y dejaba a España libre de la presencia extranjera, pero no evitó la invasión del territorio francés, siendo la battalla de Tolouse (10 de abril de 1814), el último enfrentamiento de la guerra.
En el plano político interno, el conflicto fraguó la identidad nacional española y abrió las puertas al constitucionalismo, concretado en las primeras constituciones del país, el Estatuto bonapartista de Bayona y la Constitución de Cádiz. Sin embargo, también dio inicio a una una era de luchas civiles entre los partidarios del absolutismo y los del Liberalismo, que se extenderían a todo el siglo XIX y que marcarían el devenir del país.
Las noticias de los hechos de Madrid se extendieron desde la misma tarde del 2 de mayo por todo el país, provocando las primeras reacciones de indignación y solidaridad, a la vez que las primeras declaraciones a favor de un levantamiento armado general en un clima de confusión ante la fragmentación de los distintos representantes del gobierno y el surgimiento de órganos de poder locales o Juntas. El llamado Bando de los alcaldes de Móstoles, promulgado por Andrés Torrejón y Simón Hernández, fue la primera iniciativa desde el ámbito local que contribuyó al desprestigio de la Junta de Gobierno, designada por Fernando VII, ante la declaración de Murat del 6 de junio en la que justificaba los excesos de la represión.
Tras las campañas del verano de 1808: Primer sitio de los Sitios de Zaragoza (15 de junio de 1808 hasta el 15 de agosto de 1808) y la Batalla de Bailén (19 de julio). Con la entrada en Madrid de Castaños y González Llamas el 5 de septiembre se puso de manifiesto la dificultad entre los diferentes niveles del poder español para constituir una autoridad única tanto política como militar con la que consolidar los progresos realizados hasta entonces, que habían llevado al repliegue francés hacia el norte del valle del Ebro, y afrontar el contraataque general napoleónico, una vez dispuesta la llamada Grande Armée.
A las rivalidades entre los altos mandos militares, que emprendían acciones sin coordinación, se sumaba la de la divergencia política sobre la reforma del sistema del Antiguo Régimen y el surgimiento de reclamaciones particulares en cada territorio, al amparo del clima de federalismo de facto favorecido desde las diferentes juntas provinciales. A pesar de ello, un acuerdo general permitió constituir el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez la denominada Junta Suprema Gubernativa, presidida por Floridablanca y con un poder limitado, y la Junta Militar, presidida por los generales Castaños, Castelar, Morla, González Llamas, Marqués de Palacio y Bueno, cuya acción resultó ineficaz como demostrarían la sucesión de acontecimientos posteriores. Pocas semanas antes de la entrada de la Grande Armée, las fuerzas españolas lograron tomar el control de Logroño (10 de septiembre) y desplegar posiciones en torno a Tudela, a donde llegó Castaños el 17 de octubre, y Burgos, hacia donde se había dirigido desde Madrid el ejército de Extremadura con el general Bellvedere al frente el 29 de octubre.
Napoleón llegó a Bayona el 2 de noviembre. No le gustaron las operaciones de sus mariscales en torno a Bilbao porque su plan maestro era dejarse envolver por los flancos y a continuación, cuando los españoles creyesen tenerlo atrapado, romper por el centro con fuerzas abrumadoras. Una vez hecho esto, podía caer sobre cada ala española y aplastarlas antes de ir derecho a por Madrid. Se enfadó más cuando supo que sus fuerzas habían sufrido una pequeña derrota táctica en Valmaseda el 5 de noviembre, pero pronto iban a cambiar las tornas. Algunos historiadores agrupan estas dos primeras fases en una sola.
Consecuencias
La firma del tratado de Valençay por el que se restituía en el trono a Fernando VII, el Deseado, como monarca absoluto, fue el comienzo de un tiempo de desilusiones para todos aquellos que, como los diputados reunidos en las Cortes de Cádiz, habían creído que la lucha contra los franceses era el comienzo de la Revolución española y también el inicio de la Guerra de Independencia Hispanoamericana.
Por otra parte las consecuencias materiales de la guerra fueron desastrosas para España. A la gran cantidad de muertos y el asolamiento de pueblos y ciudades se unieron la rapiña de muchos franceses y también de los ingleses, cuya deslealtad puede verse ejemplificada en el bombardeo, ordenado por Wellington, de la industria textil de Béjar que era competidora de la inglesado en la destrucción de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro en Madrid cuando ya los franceses habían evacuado la ciudad.
La Guerra de Independencia se solapa y confunde con lo que la historiografía anglosajona llama Guerra Peninsular (Peninsular War), iniciada en 1807 al declararle Francia y España la guerra a Portugal, tradicional aliado del Reino Unido. También tuvo un importante componente de guerra civil a nivel nacional entre afrancesados y patriotas. El conflicto se desarrolló en plena crisis del Antiguo Régimen y sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y la influencia en el campo de los «patriotas» de algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución francesa, paradójicamente difundidos por la élite de los afrancesados.
Según el tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), el primer Ministro Manuel Godoy preveía, de cara a una nueva invasión hispanofrancesa de Portugal, el apoyo logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales. Sin embargo, los planes de Napoléon iban más allá, y sus tropas fueron tomando posiciones en importantes ciudades y plazas fuertes con objeto de derrocar a la Casa de Borbón y suplantarla por su propia dinastía, convencido de contar con el apoyo popular.
El resentimiento de la población por las exigencias de manutención de las tropas extranjeras, que resultó en numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la fuerte inestabilidad política surgida tras el episodio del motín de Aranjuez y el ascenso al poder de Fernando VII, precipitó los acontecimientos que desembocaron en los primeros levantamientos en el norte de España y la Jornada del 2 de mayo de 1811 en Madrid. La difusión de las noticias de la brutal represión, inmortalizadas en las obras de Francisco de Goya, y de las abdicaciones de Bayona del 5 y 9 de mayo, que extendieron por la geografía española los llamamientos iniciados en Móstoles al enfrentamiento con las tropas imperiales, decidieron la guerra por la vía de la presión popular a pesar de la actitud contraria de la Junta de Gobierno designada por Fernando VI.
La guerra se desarrolló en varias fases en las que ambos bandos tuvieron sucesivamente la iniciativa, y se destacó por el surgimiento del fenómeno guerrillero que, junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por Arthur Wellesley, duque de Wellington, provocaron el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas. La población civil, que padeció los efectos de una guerra total, en la que tanto franceses como los aliados se cebaron con la población y objetivos civiles, saqueando y pillando a gran escala y devastando, por ejemplo, la industria española, considerada una amenaza para sus respectivos intereses. Los primeros éxitos de las fuerzas españolas en la primavera y el verano de 1808, con la batalla del Bruch, la resistencia de Zaragoza y Valencia y, en particular, la sonada victoria de Bailén, provocaron la evacuación de Portugal y retirada francesa al norte del Ebro, seguida en el otoño de 1808 por la entrada de la Grande Armée, comandada por el propio Napoleón, que culminó el máximo despliegue francés hasta mediados de 1812. La retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia fue aprovechada por los aliados para retomar la iniciativa a partir de su victoria en la Batalla de Arapiles (22 de julio de 1812) y, contrarrestando la ofensiva francesa, avanzar a lo largo de 1813 hasta Pirineos, derrotando a los francesaes en las batallas de Vitoria (21 de junio) y San Marcial (31 de agosto). El tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813) restauró a Fernando VII y dejaba a España libre de la presencia extranjera, pero no evitó la invasión del territorio francés, siendo la battalla de Tolouse (10 de abril de 1814), el último enfrentamiento de la guerra.
En el plano político interno, el conflicto fraguó la identidad nacional española y abrió las puertas al constitucionalismo, concretado en las primeras constituciones del país, el Estatuto bonapartista de Bayona y la Constitución de Cádiz. Sin embargo, también dio inicio a una una era de luchas civiles entre los partidarios del absolutismo y los del Liberalismo, que se extenderían a todo el siglo XIX y que marcarían el devenir del país.
Las noticias de los hechos de Madrid se extendieron desde la misma tarde del 2 de mayo por todo el país, provocando las primeras reacciones de indignación y solidaridad, a la vez que las primeras declaraciones a favor de un levantamiento armado general en un clima de confusión ante la fragmentación de los distintos representantes del gobierno y el surgimiento de órganos de poder locales o Juntas. El llamado Bando de los alcaldes de Móstoles, promulgado por Andrés Torrejón y Simón Hernández, fue la primera iniciativa desde el ámbito local que contribuyó al desprestigio de la Junta de Gobierno, designada por Fernando VII, ante la declaración de Murat del 6 de junio en la que justificaba los excesos de la represión.
Tras las campañas del verano de 1808: Primer sitio de los Sitios de Zaragoza (15 de junio de 1808 hasta el 15 de agosto de 1808) y la Batalla de Bailén (19 de julio). Con la entrada en Madrid de Castaños y González Llamas el 5 de septiembre se puso de manifiesto la dificultad entre los diferentes niveles del poder español para constituir una autoridad única tanto política como militar con la que consolidar los progresos realizados hasta entonces, que habían llevado al repliegue francés hacia el norte del valle del Ebro, y afrontar el contraataque general napoleónico, una vez dispuesta la llamada Grande Armée.
A las rivalidades entre los altos mandos militares, que emprendían acciones sin coordinación, se sumaba la de la divergencia política sobre la reforma del sistema del Antiguo Régimen y el surgimiento de reclamaciones particulares en cada territorio, al amparo del clima de federalismo de facto favorecido desde las diferentes juntas provinciales. A pesar de ello, un acuerdo general permitió constituir el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez la denominada Junta Suprema Gubernativa, presidida por Floridablanca y con un poder limitado, y la Junta Militar, presidida por los generales Castaños, Castelar, Morla, González Llamas, Marqués de Palacio y Bueno, cuya acción resultó ineficaz como demostrarían la sucesión de acontecimientos posteriores. Pocas semanas antes de la entrada de la Grande Armée, las fuerzas españolas lograron tomar el control de Logroño (10 de septiembre) y desplegar posiciones en torno a Tudela, a donde llegó Castaños el 17 de octubre, y Burgos, hacia donde se había dirigido desde Madrid el ejército de Extremadura con el general Bellvedere al frente el 29 de octubre.
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Napoleón llegó a Bayona el 2 de noviembre. No le gustaron las operaciones de sus mariscales en torno a Bilbao porque su plan maestro era dejarse envolver por los flancos y a continuación, cuando los españoles creyesen tenerlo atrapado, romper por el centro con fuerzas abrumadoras. Una vez hecho esto, podía caer sobre cada ala española y aplastarlas antes de ir derecho a por Madrid. Se enfadó más cuando supo que sus fuerzas habían sufrido una pequeña derrota táctica en Valmaseda el 5 de noviembre, pero pronto iban a cambiar las tornas. Algunos historiadores agrupan estas dos primeras fases en una sola.
Consecuencias
La firma del tratado de Valençay por el que se restituía en el trono a Fernando VII, el Deseado, como monarca absoluto, fue el comienzo de un tiempo de desilusiones para todos aquellos que, como los diputados reunidos en las Cortes de Cádiz, habían creído que la lucha contra los franceses era el comienzo de la Revolución española y también el inicio de la Guerra de Independencia Hispanoamericana.
Por otra parte las consecuencias materiales de la guerra fueron desastrosas para España. A la gran cantidad de muertos y el asolamiento de pueblos y ciudades se unieron la rapiña de muchos franceses y también de los ingleses, cuya deslealtad puede verse ejemplificada en el bombardeo, ordenado por Wellington, de la industria textil de Béjar que era competidora de la inglesado en la destrucción de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro en Madrid cuando ya los franceses habían evacuado la ciudad.
Fragmento del 25 de mayo de 1808
...Españoles: después de una larga agonía vuestra nación iba a perecer. He visto vuestros males y voy a remediarlos... Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las Españas; yo no quiero reinar en vuestras provincias... y os haré gozar de los beneficios de una reforma sin que experimentéis quebrantos, desórdenes y convulsiones. Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las diputaciones, de las provincias y de las ciudades. Yo mismo quiero saber vuestros deseos y vuestras necesidades... asegurándoos al mismo tiempo una Constitución que concilie la santa y saludable autoridad del Soberano con las libertades y privilegios del pueblo.
Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria.
Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria.
Bayona, 25 de mayo de 1808.
Comentario de un periódico:La Gazeta
He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor. Su felicidad, la tranquilidad, prosperidad, conservación e integridad de los dominios que la divina providencia tenía puestos bajo mi Gobierno, han sido durante mi reinado los únicos objetos de mis constantes desvelos. Cuantas providencias y medidas se han tomado desde mi exaltación al trono de mis augustos mayores, todas se han dirigido a tan justo fin, y no han podido dirigirse a otro. Hoy, en las extraordinarias circunstancias en que se me ha puesto y me veo, mi conciencia, mi honor y el buen nombre que debo dejar a la posteridad, exigen imperiosamente de mí que el último acto de mi Soberanía únicamente se encamine al expresado fin, a saber, a la tranquilidad, prosperidad, seguridad e integridad de la monarquía de cuyo trono me separo, a la mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios.
Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias; habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra, cual ha sido y estado bajo mi soberanía, y también que nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante en España, sino también la única que ha de observarse en todos los dominios de esta monarquía. Tendréislo entendido y así lo comunicaréis a los demás consejos, a los tribunales del reino, jefes de las provincias tanto militares como civiles y eclesiásticas, y a todas las justicias de mis pueblos, a fin de que este último acto de mi soberanía sea notorio a todos en mis dominios de España e Indias, y de que conmováis y concurran a que se lleven a debido efecto las disposiciones de mi caro amigo el emperador Napoleón, dirigidas a conservar la paz, amistad y unión entre Francia y España, evitando desórdenes y movimientos populares, cuyos efectos son siempre el estrago, la desolación de las familias, y la ruina de todos.
Dado en Bayona en el palacio imperial llamado del Gobierno a 8 de mayo de 1808. Yo el Rey. Al Gobernador interino de mi consejo de Castilla.
Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias; habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra, cual ha sido y estado bajo mi soberanía, y también que nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante en España, sino también la única que ha de observarse en todos los dominios de esta monarquía. Tendréislo entendido y así lo comunicaréis a los demás consejos, a los tribunales del reino, jefes de las provincias tanto militares como civiles y eclesiásticas, y a todas las justicias de mis pueblos, a fin de que este último acto de mi soberanía sea notorio a todos en mis dominios de España e Indias, y de que conmováis y concurran a que se lleven a debido efecto las disposiciones de mi caro amigo el emperador Napoleón, dirigidas a conservar la paz, amistad y unión entre Francia y España, evitando desórdenes y movimientos populares, cuyos efectos son siempre el estrago, la desolación de las familias, y la ruina de todos.
Dado en Bayona en el palacio imperial llamado del Gobierno a 8 de mayo de 1808. Yo el Rey. Al Gobernador interino de mi consejo de Castilla.
Gazeta de Madrid, viernes 20 de mayo
Abdicaciones de Bayona
Las abdicaciones de Bayona, que tuvieron lugar a comienzos de mayo de 1808 en el castillo de Marracq de la ciudad francesa de Bayona, es el nombre por el que se conocen las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte, quien a continuación cedería los derechos a su hermano José Bonaparte, quien reinaría con el nombre de José I.
Tras una comida con Napoleón el 20 de abril, el rey Fernando fue informado por Savary de que el emperador había resuelto sustituir a los Borbones por la familia Bonaparte, y Napoleón convenció a Escóiquiz de que le cedería el reino de Etruria y le casaría con una princesa imperial a cambio de la corona española. No obstante, las negociaciones se dilataron por el deseo de Napoleón de no emplear la violencia y de esperar a los reyes padres, quienes llegaron el día 30.
Mientras, en Madrid, Toledo y Burgos crecía el descontento contra los franceses, ante los rumores de que iba a restaurarse en el trono a Carlos IV. En Madrid, Murat hacía ostentación de sus fuerzas, lo cual causaba animadversión en el pueblo madrileño. El 1 de mayo, la comitiva del gran duque de Berg fue silbada por el pueblo. El siguiente suceso fue provocado a instancias de una misiva que Murat entregó a la Junta el 30 de abril, en la que Carlos IV pedía la partida de sus hijos: la reina de Etruria y el infante Francisco de Paula. A la primera se dispuso que obrase según su voluntad, pero para el infante -tras negarse en principio- se autorizó la partida para el 2 de mayo. Corrido el rumor de partida, se congregó frente al palacio una multitud y ante la presencia del ayudante de Murat, Augusto Lagrange, se desató la furia popular, a la que Murat respondió sacando un batallón para dispersarlos, lo que provocó el levantamiento de todo Madrid. Contenido el levantamiento, prosiguió la partida de la familia real, el día 3 la del infante Francisco y el 4 la del presidente de la Junta, el infante Antonio.
En Bayona, el 1 de mayo, Napoleón tras comer con los reyes padres y Godoy, citó a Fernando VII, y sus padres apoyados por Napoleón le amenazaron para que abdicase en favor de Carlos IV al día siguiente. De esta manera le fue arrancada una abdicación fechada el 1 de mayo y condicionada a la reunión de las Cortes en España y sin presencia de Godoy; por el contrario, Carlos IV rechazó esta idea.
El 4 de mayo llegó a Bayona un comisionado de la Junta suprema, Evaristo Pérez de Castro, comunicando al rey Fernando las proposiciones de actuación de la Junta, de resultas de las cuales el Rey expidió dos decretos en los que afirmaba que se hallaba sin libertad, autorizaba a la Junta a ejercer en lugar seguro la plena soberanía en su nombre y autorizaba la convocatoria de Cortes. Ese mismo día 5 de mayo, el mariscal Duroc y Godoy como plenipotenciarios concluyeron un tratado por el que Carlos IV cedía la corona de España a Napoleón por otro lado, ese mismo día se recibieron las noticias del 2 de mayo en Madrid, y de nuevo Napoleón y los reyes padres le achacaron la culpa del levantamiento y le amenazaron para que abdicara, cosa que hizo el 6 de mayo. Hechas ya las renuncias reales, faltaban las de los sucesores, que se llevaron a cabo, bajo la gestión de Duroc y Escóiquiz, el 12 de mayo en Burdeos, suscritas por Fernando, Carlos y Antonio. El infante Francisco de Paula no firmó dada su minoría de edadLa reina de Etruria siguió la suerte de sus padres y hermanos. Hechas, pues, las renuncias y establecidas las pensiones que recibirían, la familia real española fue internada en Francia.
Tras una comida con Napoleón el 20 de abril, el rey Fernando fue informado por Savary de que el emperador había resuelto sustituir a los Borbones por la familia Bonaparte, y Napoleón convenció a Escóiquiz de que le cedería el reino de Etruria y le casaría con una princesa imperial a cambio de la corona española. No obstante, las negociaciones se dilataron por el deseo de Napoleón de no emplear la violencia y de esperar a los reyes padres, quienes llegaron el día 30.
Mientras, en Madrid, Toledo y Burgos crecía el descontento contra los franceses, ante los rumores de que iba a restaurarse en el trono a Carlos IV. En Madrid, Murat hacía ostentación de sus fuerzas, lo cual causaba animadversión en el pueblo madrileño. El 1 de mayo, la comitiva del gran duque de Berg fue silbada por el pueblo. El siguiente suceso fue provocado a instancias de una misiva que Murat entregó a la Junta el 30 de abril, en la que Carlos IV pedía la partida de sus hijos: la reina de Etruria y el infante Francisco de Paula. A la primera se dispuso que obrase según su voluntad, pero para el infante -tras negarse en principio- se autorizó la partida para el 2 de mayo. Corrido el rumor de partida, se congregó frente al palacio una multitud y ante la presencia del ayudante de Murat, Augusto Lagrange, se desató la furia popular, a la que Murat respondió sacando un batallón para dispersarlos, lo que provocó el levantamiento de todo Madrid. Contenido el levantamiento, prosiguió la partida de la familia real, el día 3 la del infante Francisco y el 4 la del presidente de la Junta, el infante Antonio.
En Bayona, el 1 de mayo, Napoleón tras comer con los reyes padres y Godoy, citó a Fernando VII, y sus padres apoyados por Napoleón le amenazaron para que abdicase en favor de Carlos IV al día siguiente. De esta manera le fue arrancada una abdicación fechada el 1 de mayo y condicionada a la reunión de las Cortes en España y sin presencia de Godoy; por el contrario, Carlos IV rechazó esta idea.
El 4 de mayo llegó a Bayona un comisionado de la Junta suprema, Evaristo Pérez de Castro, comunicando al rey Fernando las proposiciones de actuación de la Junta, de resultas de las cuales el Rey expidió dos decretos en los que afirmaba que se hallaba sin libertad, autorizaba a la Junta a ejercer en lugar seguro la plena soberanía en su nombre y autorizaba la convocatoria de Cortes. Ese mismo día 5 de mayo, el mariscal Duroc y Godoy como plenipotenciarios concluyeron un tratado por el que Carlos IV cedía la corona de España a Napoleón por otro lado, ese mismo día se recibieron las noticias del 2 de mayo en Madrid, y de nuevo Napoleón y los reyes padres le achacaron la culpa del levantamiento y le amenazaron para que abdicara, cosa que hizo el 6 de mayo. Hechas ya las renuncias reales, faltaban las de los sucesores, que se llevaron a cabo, bajo la gestión de Duroc y Escóiquiz, el 12 de mayo en Burdeos, suscritas por Fernando, Carlos y Antonio. El infante Francisco de Paula no firmó dada su minoría de edadLa reina de Etruria siguió la suerte de sus padres y hermanos. Hechas, pues, las renuncias y establecidas las pensiones que recibirían, la familia real española fue internada en Francia.
José Bonaparte biografía:
José I Bonaparte, nació en Corte (Córcega) en 1786. Hijo primogénito de Carlos María de Bonaparte y Letizia Ramolino y hermano del emperador Napoleón I Bonaparte. Estudió leyes en Pisa (Italia) siendo en 1796 comisionado para desempeñar importantes misiones diplomáticas en Córcega, pasando después a Parma y más tarde a Roma. Fue Diputado en el Consejo de los Quinientos, el órgano legislativo inferior en la época del Directorio; firmó en 1801 los tratados de Luneville y el Concordato con la Santa Sede y en 1802 el Tratado de Amiens.
Casado con Julia Clary, hija de un rico jabonero de Marsella, tuvo dos hijas: Zenaida. casada con Carlos Julio Bonaparte. y Carlota, casada con Carlos Bonaparte Bleschamp. Julia Clary nunca pisó tierra española, permaneció en París defendiendo los intereses de su esposo ante Napoleón.
Durante las Guerras Napoleónicas, José I, actuó como enviado de su hermano y firmó tratados con Estados Unidos, Austria, Gran Bretaña y el Vaticano.
Fue embajador en Roma en 1797 y contribuyó a la preparación del golpe de Estado dado por su hermano el 9 de noviembre de 1799. Tras la proclamación de Napoleón como Emperador, éste adjudicó a su hermano José el trono de Nápoles en 1806, en donde gobernó hasta el verano de 1808, cuando tras las abdicaciones de Bayona, Napoleón le instaló al frente de la Corona española y proclamó a Murat, que estaba al frente de las tropas francesas en España, como Rey de Nápoles.
El reinado de José I se desarrolló bajo el condicionante de la Guerra de la Independencia y buscando el apoyo político de uno de los grupos de los ilustrados españoles, cuyos miembros eran los denominados afrancesados, sin lograr hacer triunfar el programa reformista de su gobierno, cimentado en la denominada Constitución de Bayona. Así, el 7 de julio de 1808 José era nombrado rey de España y de las Indias, en pleno estallido de la Guerra de la Independencia. Prestó juramento ante las Cortes, reunidas por su hermano en la ciudad francesa de Bayona, que previamente habían aprobado la Constitución ofrecida por Napoleón a los españoles.
El nuevo rey nunca fue del agrado popular llegando incluso despectivamente a llamarle con el mote de Pepe Botella o el de Pepe Plazuelas. Aunque trataba de atraerse la simpatía del pueblo llano, otorgando leyes populares y organizando fiestas, cada vez era más impopular entre los españoles, que le consideraban como el máximo representante de la opresión extranjera. En enero de 1810 dirigió personalmente la campaña de Andalucía. Un año después, y tras realizar un viaje a París, quiso abdicar, pero en contrapartida Napoleón le nombró generalísimo de todo el ejército de España. En 1812, al constituirse las Cortes de Cádiz, intentó infructuosamente alcanzar un acuerdo con ellas. Sin embargo, las derrotas francesas del 22 de julio de 1812 en Arapiles y la de Vitoria el 13 de junio de 1813, terminaron con el final de su breve reinado español.
La derrota francesa en esta contienda acabó con el gobierno de José I en 1813. En diciembre de este mismo año, se firmaba el tratado de Valençay, por el que Napoleón reconocía a Fernando VII rey de España. El 13 de marzo de 1814 Fernando VII partía para España mientras José I Bonaparte regresaba a Francia. Más tarde, tras la humillante y definitiva pérdida de 1815 en Waterloo, emigró a Estados Unidos y en Londres. En 1841 se instaló en Florencia, ciudad en la que moriría tres años más tarde, el 28 de julio de 1844.
El motín de Aranjuez
El Motín de Aranjuez fue un levantamiento nobiliario ocurrido el 18 de marzo de 1808 por las calles de esta localidad madrileña. Se desencadenó debido a varias causas, entre ellas las consecuencias de la derrota de Trafalgar que recayó fundamentalmente en las clases humildes. A ello hay que sumarle el descontento de la nobleza, la impaciencia de Fernando VII por reinar, la acción de los agentes de Napoleón y las intrigas de la Corte, donde se iba creando un núcleo opositor en torno al Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, formado por aristócratas recelosos del poder absoluto de Godoy, y farisaicamente escandalizados por sus supuestas relaciones con la reina María Luisa de Parma; así como el temor del clero a las medidas desamortizadoras.
La presencia de tropas francesas en España, en virtud del tratado de Fontainebleau se había ido haciendo amenazante a medida que iban ocupando (sin ningún respaldo del tratado) diversas localidades españolas (Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras). El total de soldados franceses acantonados en España asciende a unos 65.000, que controlan no sólo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la frontera francesa.
La presencia de estas tropas terminó por alarmar a Godoy. En marzo de 1808, temiéndose lo peor, la familia real se retiró a Aranjuez para, en caso de necesidad, seguir camino hacia el sur, hacia Sevilla y embarcarse para América, como ya había hecho Juan VI de Portugal.
El 17 de marzo de 1808, tras correr por las calles de Aranjuez el rumor del viaje de los reyes, una pequeña multitud (compuesta por empleados de los nobles llegados al efecto, puesto que al ser sitio Real y no Villa, Aranjuez no tenía una población villana que pudiera alzarse por si sola) , dirigida por miembros del partido fernandino, nobles cercanos al Príncipe de Asturias, se agolpa frente al Palacio Real y asalta el palacio de Godoy, quemando aquellos enseres que no fueron directamente saqueados. El día 19, por la mañana, Godoy es encontrado escondido entre esteras de su palacio y trasladado hasta el Cuartel de Guardias de Corps, en medio de una lluvia de golpes. Ante esta situación y el temor de un linchamiento, interviene el príncipe Fernando, verdadero dueño de la situación, en el que abdica su padre al mediodía de ese mismo día, convirtiéndolo en Fernando VII.
Los acontecimientos de Aranjuez fueron los primeros estertores de la agonía del Antiguo Régimen en España. El pueblo había sido manipulado, pero en cualquier caso, su intervención fue decisiva, puesto que no sólo consiguió la renuncia de un ministro odiado (ya había ocurrido en el motín de Esquilache, en 1766), sino también la renuncia de un soberano y el acceso al trono de un nuevo rey, legitimado por la voluntad popular. Caro fue el precio pagado; la sangre de la guerra de la independencia y un posterior reinado de Fernando VII nefasto y que acabaría en la primera guerra carlista.
Estos hechos se conmemoran todos los años en las Fiestas de Aranjuez o del Motín, que tienen lugar la primera semana de septiembre coincidiendo con la feria local.
La presencia de tropas francesas en España, en virtud del tratado de Fontainebleau se había ido haciendo amenazante a medida que iban ocupando (sin ningún respaldo del tratado) diversas localidades españolas (Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras). El total de soldados franceses acantonados en España asciende a unos 65.000, que controlan no sólo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la frontera francesa.
La presencia de estas tropas terminó por alarmar a Godoy. En marzo de 1808, temiéndose lo peor, la familia real se retiró a Aranjuez para, en caso de necesidad, seguir camino hacia el sur, hacia Sevilla y embarcarse para América, como ya había hecho Juan VI de Portugal.
El 17 de marzo de 1808, tras correr por las calles de Aranjuez el rumor del viaje de los reyes, una pequeña multitud (compuesta por empleados de los nobles llegados al efecto, puesto que al ser sitio Real y no Villa, Aranjuez no tenía una población villana que pudiera alzarse por si sola) , dirigida por miembros del partido fernandino, nobles cercanos al Príncipe de Asturias, se agolpa frente al Palacio Real y asalta el palacio de Godoy, quemando aquellos enseres que no fueron directamente saqueados. El día 19, por la mañana, Godoy es encontrado escondido entre esteras de su palacio y trasladado hasta el Cuartel de Guardias de Corps, en medio de una lluvia de golpes. Ante esta situación y el temor de un linchamiento, interviene el príncipe Fernando, verdadero dueño de la situación, en el que abdica su padre al mediodía de ese mismo día, convirtiéndolo en Fernando VII.
Los acontecimientos de Aranjuez fueron los primeros estertores de la agonía del Antiguo Régimen en España. El pueblo había sido manipulado, pero en cualquier caso, su intervención fue decisiva, puesto que no sólo consiguió la renuncia de un ministro odiado (ya había ocurrido en el motín de Esquilache, en 1766), sino también la renuncia de un soberano y el acceso al trono de un nuevo rey, legitimado por la voluntad popular. Caro fue el precio pagado; la sangre de la guerra de la independencia y un posterior reinado de Fernando VII nefasto y que acabaría en la primera guerra carlista.
Estos hechos se conmemoran todos los años en las Fiestas de Aranjuez o del Motín, que tienen lugar la primera semana de septiembre coincidiendo con la feria local.
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